pregunta... de aborto

¿Qué es despenalizar?

Julio María Sanguinetti

El Frente Amplio ha metido al país -la mirada puesta en los votos-, en una formidable escenificación del doble discurso. Su bancada parlamentaria presenta un proyecto despenalizando el aborto, para cumplir con su programa, mientras el Presidente de la República, líder indiscutible de su partido, anuncia que vetará esas normas si resultan aprobadas. En una palabra, se trata de tener un pie de cada lado y hacerle creer a la gente que en esto hay un honesto debate sobre un tema sensible a la sociedad, cuando está claro que no ocurrirá nada.

Lo malo del asunto es que como consecuencia de este circo mediático, la sociedad se ha puesto a discutir el tema en blanco y negro, como si hubiera un bando partidario del aborto y otro contrario, cuando no es ese el debate. No hay duda que interrumpir un embarazo es un fracaso, una derrota. Razón por la cual ninguna mujer llega a esa interrupción suelta de cuerpo sino sometida a una insuperable presión psicológica que la lleva a arriesgar su vida por una situación de angustia económica o de violencia moral. La pregunta es si a esa mujer, además, de vivir lo que vive, hay que condenarla penalmente y llevarla presa. Hay quienes creen que sí y hay quienes, por poderosas razones morales, jurídicas y sociales creemos que no y que debemos, como sociedad, buscar los caminos para erradicar la práctica del aborto, como lo vienen logrando otros Estados dentro de nuestros mismos valores éticos.

En nuestro país, como se sabe, desde 1938 existe una ley que tipifica y castiga el aborto como delito, aunque establece la posibilidad de que la justicia exima "totalmente el castigo" en protección del honor de la involucrada o su esposo, en casos de violación, de riesgo de vida o aun de "angustia económica". Desgraciadamente, esta ley ha fracasado rotundamente. La amenaza de la prohibición y castigo de nada han servido para erradicar el aborto, al punto que se estiman en 30 mil al año, en la hipótesis más baja. Del mismo modo, las causales de exoneración, que son tan amplias como para aceptar la angustia económica, no han funcionado, porque ningún médico se arriesga a una incierta tramitación judicial ni hay involucrada dispuesta a resolver su angustia personal por expediente.

Estamos entonces ante el mismo tema social que se ha dado en el mundo entero, donde hasta hace poco (1995) se estimaba en 46 millones el número de abortos al año, mientras que ahora, felizmente, su número ha bajado y se calcula en 40 millones. Esa baja -y esto nos parece fundamental- se registra en los países de Europa occidental, como España o Francia, donde se ha despenalizado el aborto, evitando así las muertes y mutilaciones tan frecuentes en nuestro país, al tiempo que mediante una adecuada educación sexual se logra evitar el embarazo no deseado.

Seguir como estamos en Uruguay supone aceptar veinte o tres madres muertas cada año y miles de quebrantos de salud graves, asumiendo además la injusta discriminación de que quienes más arriesgan y padecen son las mujeres más pobres, imposibilitadas de acceder a un procedimiento médico medianamente seguro. Esta oficialización, esta intervención médica, es la que habilitaría -además- una mejor educación sexual, una adecuada difusión de los métodos anticonceptivos que han permitido, en el mundo occidental civilizado la disminución drástica de la indeseable práctica abortiva.

Ante esta conclusión socialmente irrebatible, asoma entonces el alegato moral y jurídico: el aborto es un crimen, al frustrar una vida. Por cierto hay una potencialidad de vida, hay una manifestación de vida, como también la posee un óvulo, o un espermatozoide, o un óvulo fecundado in vitro en una probeta, pero no por eso estamos delante de una persona humana. Para un derecho como el nuestro, sólo hay persona, cuando tenemos un nacimiento viable por 24 horas, de modo que sólo hay muerte a partir de allí. Es el criterio español o el de la Corte de Casación francesa, que ha sido rotunda en la afirmación de que sólo hay una persona cuando se ha producido el nacimiento y una primera respiración (Sentencia del 25 de junio de 2003). En general, el derecho asume hoy que la muerte de una persona ocurre cuando su cerebro ha perdido actividad y el electroencefalograma es plano, del mismo modo que, a la inversa, sólo hay una persona cuando existe un desarrollo neurológico capaz de configurar una vida propia y autónoma. De allí que por eso se toman las 12 semanas de embarazo como un umbral, antes del cual no puede hablarse de una persona, aunque exista una potencialidad vital.

Del punto de vista moral, el debate es parecido. Para los moralistas protestantes en general sólo hay persona desde el nacimiento, considerado el "umbral decisivo" de la vida. Lo mismo ha dicho el Rector de la Gran Mezquita de París para los musulmanes. Y entre los católicos, si bien hay una opinión oficial rotundamente condenatoria de la interrupción del embarazo, existen opiniones análogas a las de esos otros teólogos, como es la del Padre Pérez Aguirre.

En una sociedad liberal el debate ético se da entre el derecho de una mujer a una maternidad voluntaria, a un embarazo querido realmente, o el de un feto con menos de 12 semanas de concepción, que no posee aún una madurez psicológica que lo defina como persona. ¿El Estado tiene derecho a imponerle a una madre que siga adelante con un embarazo que no desea? ¿El Estado tiene autoridad moral para castigarla criminalmente si retrocede en esa maternidad, a la que dio inicio pero no desea consumar? Por supuesto el Estado no puede imponer una moral y por eso quien cree que interrumpir un embarazo es inmoral, nunca será obligado. Pero a la inversa, ¿por qué obligar, y enventualmente penalizar, a una mujer que no lo desea, cuando sus principios le dicen otra cosa?

Un debate así, que ni política ni filosóficamente es unánime, sólo podría resolverse, en cuanto a la sociedad, con un pronunciamiento auténtico. De allí lo saludable que sería un plebiscito, desgraciadamente no aceptado por quienes nos han arrastrado por este mal procedimiento. Mientras tanto, aun sabiendo que a nada llegaremos, es bueno razonar con serenidad. Porque ni somos criminales quienes creemos que no se puede castigar a una mujer que abortó ni son cómplices de las clínicas abortivas quienes sostienen la permanencia de una legislación prohibitiva que las ha producido. La ética laica, la que liberó a la mujer de las viejas condenas de oscurantismo, la que nos reconoció derechos humanos, nos impone una racionalidad que está más allá de dogmas, resabios de una penosa historia de discriminación femenina.